En silencio ha tenido que ser

3646-prensa-cubanaRafael Ángel Salazar Martínez, profesor e investigador del Centro Universitario Municipal de Mayarí

En abril del 2013 comenzó a cocinarse en las altas esferas del gobierno cubano una política nacional de comunicación. Les ha faltado, durante todo este tiempo, además de visibilidad mediática, un ingrediente fundamental: la participación del pueblo.

No se han visto por acá, en efecto, los acalorados debates que se produjeron en Venezuela, antes y después de que en enero de 2003 se llevara al Parlamento Nacional de ese país el proyecto de Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión (RESORTE), aprobado en diciembre de 2004. Tampoco se han visto por estos lares nada semejante a lo sucedido en 2011 en Ecuador, cuando sus ciudadanos dieron luz verde, mediante consulta popular, a la Ley Orgánica de Comunicación, finalmente sancionada en 2013, y en cuya elaboración participaron las más disímiles organizaciones de la sociedad civil ecuatoriana. Mucho menos hemos visto en Cuba los 23 foros y 80 conferencias, en los que participaron todos los sectores y provincias de Argentina, ni a nuestro gobierno le han hecho falta las miles de cartas y correos electrónicos de los que, en su conjunto, también se nutrió la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual de la nación austral, esa que entró en vigor en marzo de 2009, la misma que ahora el gobierno de Mauricio Macri se empeña en desmantelar.

Nada, nada de eso hemos visto o experimentado en Cuba durante los últimos tres años los ciudadanos de a pie, ni la mayoría de los que dedicamos buena parte de nuestro tiempo a estudiar los complejos y diversos procesos de la comunicación. Por eso hoy ignoramos, casi por completo, qué nos depara esa “Política de Co­municación Social del Estado y el Go­bierno cu­banos”, a punto ya de ser aprobada, según anunció el vicepresidente cubano Miguel Díaz-Canel, su principal artífice, el 9 de marzo del presente año en el telecentro de Camaguey.

Solo dos noticias de la prensa nacional nos han dejado ver, entre líneas y a cuenta gotas, hacia dónde apunta una política comunicacional cuyo nombre excluye a todos los cubanos que no formamos parte del Estado o del Gobierno, sino de aquello que, desde 1996, fue reconocido como sociedad civil en el V Pleno del Comité Central del Partido Comunista de Cuba.

La primera noticia, además de hacerse eco del anuncio de Díaz-Canel, nos dice que “el documento buscará un acercamiento de las agendas mediática, pública y política, y favorecerá el trabajo con las fuentes de información y una mejor regulación económica de esas entidades, las cuales en la actualidad se subordinan al presupuesto del Estado”[1]. Por la segunda noticia supimos que regula “to­do lo relacionado con el ejercicio de la publicidad comercial”, y que “abarca mucho más”[2]. Al menos esta fue la respuesta que le dio Fernando Lavin, jefe de área de la Comisión para la implementación de los Lineamientos, a Alfonso Herrera, uno de los participantes en el VII Congreso del PCC, luego de que este propusiera “un Li­nea­miento ge­neral referente a la Política Social, que explicite la necesidad de incrementar, según lo permitan las condiciones económicas, el mayor acceso de la población a las Tecnologías de la In­formación y las Co­mu­nicaciones, y consolidar el derecho a la información como condición para el pleno ejercicio de la crítica y la participación del pueblo” [3].

Ahora bien, me gustaría saber, estimado gobierno, si dentro de ese “mucho más” que “abarca” la “Política de Co­municación Social del Estado y el Go­bierno cu­banos”, figura alguna suerte de presentación, debate o consulta pública a posteriori (ya que no pudo ser antes), más allá del estrecho círculo de los “directivos de la UPEC” y “expertos de la comunicación”, únicos con quienes, hasta el momento, ha sido discutida. En tal sentido, aprovecho para recordarle (y de paso a los directivos de la UPEC y colegas expertos en la materia) que la comunicación, además de proceso, también es un derecho, que nos atañe a todos, al trascender por mucho el ámbito de los medios de difusión. De ahí que mi otra pregunta se interese por saber si la anunciada política recoge todos esos “derechos patrios” de naturaleza comunicacional que mencionaba Javier Gómez Sánchez en la cuarta y última entrega de su post, la mayoría de cuales constituyen asignatura pendiente o se encuentran a medio camino en Cuba. Se los refresco: Derecho a la Libre Asociación, Derecho a la Manifestación Pacífica, Derecho a la Diversidad de Prensa, Derecho a la Libre Información, Derecho a la Opinión y Derecho a Libertad de Expresión.

Pero si no puede dar respuesta a mi anterior interrogante, al menos, si no le es molestia, adelánteme si fueron incluidos los siete principios para una “Política de comunicación social cubana socialmente consistente y tecnológicamente sustentable”[4], aportados por Rosa Miriam Elizalde, subdirectora de Cubadebate, en su tesis doctoral. Entre los no pocos avales y méritos de esta rigurosa investigación, figura el hecho de haber contado en el acto de defensa con la presencia del mismísimo Díaz-Canel, a lo cual se suma el de haber sido seleccionada por el Ministerio de Ciencia Tecnología y Medioambiente (CITMA) como la mejor tesis doctoral en Ciencias Sociales y Humanísticas, defendida en Cuba durante el curso académico 2013-2014. Aquí van los principios: 1. Respeto por la dignidad, 2. Defensa de la diversidad comunicativa, 3. Sostenibilidad como objetivo estratégico, 4. Participación efectiva, 5. Lo público como espacio fundamental de comunicación social, 6.Garantías para el ejercicio profesional y 7. Responsabilidad de la Comunicación.

Finalmente, me gustaría preguntarle, estimado gobierno, en estos tiempos de lucha contra el secretismo, por qué así, en silencio, ha tenido que ser elaborada en Cuba la que debería ser nuestra, de todos y por todos construida, política nacional de comunicación.

Sepa que son más las preguntas que, al respecto, me gustaría hacerle. Pero se las dejo para luego, para cuando me responda las que ya le hice. Enseguida pongo a su disposición mi cuenta de correo: rasalazarm@cum.uho.edu.cu. Aunque le confieso preferiría me respondiera aquí, públicamente, en este blog que tantos jóvenes cubanos leemos. Y así contribuimos un poco al diálogo social. Qué le parece.

[1] Enlace http://www.radiocubana.cu/149-destacados/12498-diaz-canel-cuba-esta-a-punto-de-aprobar-una-politica-de-comunicacion

[2]Enlace: http://www.granma.cu/septimo-congreso-del-pcc/2016-04-18/un-congreso-de-alerta-critica-y-orientacion-18-04-2016-01-04-40

[3]Idem.

[4] Disponible en: http://dspace.uh.cu:8080/xmlui/handle/123456789/1752