El acomodo social

sociedad_cubanaPor: Juan Ramón Pérez Fajardo

El acomodo social en nuestro país se va generalizando peligrosamente. En medio de un insólito ambiente de impunidad de lo ilegal que favorece o puede favorecer: la irresponsabilidad; la ilegalidad; la corrupción; las adicciones socialmente inaceptables; la prostitución en sus distintas modalidades; los abusos contra mujeres, niños y ancianos; los perturbadores conflictos que impone la ineludible convivencia de tres o más generaciones en el seno familiar; la promiscuidad ciudadana entre vecinos debatiéndose en medio de todo tipo de carencias generadoras de conflictos.

A esto se suma el incremento de los procesos migratorios fundamentalmente de jóvenes que sueñan con realizaciones que les permitan mejorar sus condiciones de vida material sin importarle la marca de separación familiar que provocan; la existencia de las ya evidentes desigualdades sociales caracterizada por una emergente y excluyente clase media que no toma en cuenta a la mayor parte de los profesionales e intelectuales; la desmotivación laboral; el deterioro de infraestructuras para los servicios que se prestan en la mayor parte de los espacios urbanos (acceso al agua, recogida de desechos sólidos, etc.).

Hay muchos otros factores que favorecen estos indeseables efectos en la sociedad cubana debatiéndose en medio de una crisis económica que determina esta crisis de valores cuya solución debe comenzar con el inicio de la satisfacción de las aspiraciones materiales de los ciudadanos y esta solo se logra con trabajo socialmente útil para producir con disciplina ciudadana lo que se necesita y es precisamente lo que no logra garantizar ese ambiente de impunidad de lo ilegal.

No creo que se trate de lograr que los ciudadanos de este país “amen” su trabajo a través de apelaciones a la conciencia para lograr producir bienes y servicios y mucho menos de convocatorias para producir. Antes que eso, lo que realmente se necesita es que “teman” perder su puesto de trabajo por las implicaciones que esto pudiera tener para su sustento y el de su propia familia y que las leyes no den margen al libertinaje de las contractuales relaciones humanas que se establecen en el seno de nuestra sociedad para acceder a las satisfacciones que solo el trabajo tiene que proporcionar. Hay que rescatar las funciones del salario y los ciudadanos tienen que percibir salarios dignos en correspondencia con sus aportes al desarrollo económico y de bienestar social sustentado en las normas de conducta que la sociedad dicta.

De manera general los ciudadanos de este país no temen a un despido o a una renuncia laboral porque existen muchas maneras de encontrar nuevas fuentes empleo o sencillamente de satisfacción de las necesidades propiciadas por la probada ineficiencia de la gestión administrativa en los establecimientos e instituciones estatales en lo que respecta al control de los bienes.

Por lo general nadie pregunta cuanto percibirá salarialmente en un nuevo puesto de trabajo. Más bien el interés va dirigido a conocer “cuál es la búsqueda” en evidente alusión a las posibilidades de la misión ilícita que lo favorezca individualmente y esto es precisamente lo que da la idea clara del descontrol y la desorganización que identifican a la mayor parte de la gestión administrativa estatal en las actuales condiciones de nuestro país. Esta valoración no tiene un carácter generalizador pues se sabe que “la gestión administrativa estatal” en otros países destaca precisamente por su eficiencia que es justamente todo lo contrario a lo que ocurre en el nuestro y negarlo no es cosa buena para nuestro pueblo.

La legalidad, el sentido de justicia no son opciones, son una urgencia para rescatar los valores de nuestra sociedad.