La Ley que define el juego


3WkAq.Em.84 Por: Roberto G. Peralo   (roberto.peralo@umcc.cu)

Me arriesgo a afirmar que la aplicación de la nueva ley de inversión extranjera será la que determine el éxito o el fracaso del nuevo modelo económico cubano. Es fácil percatarse que las transformaciones realizadas en la economía no han dado el resultado esperado hasta el momento. No es porque las medidas tomadas no han sido las correctas sino porque carecen de un enfoque integral y unido a la resistencia de un importante grupo de funcionarios “al cambio“ se ven muchas transformaciones pero muy pocas mejorías.

Junto a las reformas en la gestión empresarial y la unificación monetaria, esta nueva Ley va a significar un punto de viraje a la economía cubana: para bien o para mal. Aparecerán riesgos para la sociedad cubana, donde ni leyes ni resoluciones serán suficientes para mitigar su impacto. La clave va a estar en la interpretación y la forma en que lo lleven a la práctica, los responsables de implementar dicha Ley.

Uno de los riesgos latentes tienen que ver hacia dónde se dirigirán las inversiones. En el nuevo modelo económico la estructura de la propiedad está cambiando, para algunos decisores lo estatal es la forma de empresa más avanzada en el socialismo. Las empresas que no lo son serán consideradas solo como necesarias, pero villanas, que deben ser mantenidas en los márgenes del sistema económico y eliminadas cuando se logre fórmulas que hagan efectiva la gestión estatal.

Según esta posición, lo que hace a una empresa más o menos socialista es la medida en que es administrada y controlada directamente por el Estado. Cualquier cambio que lleve a una menor intervención de este significa, por tanto, un retroceso en el camino al socialismo. Por tanto aplicarán medidas para dirigir las inversiones a las empresas estatales y dificultarán el desarrollo de las formas de gestión no estatal. La lógica del Capital es ir para donde se maximicen las ganancias. El voluntarismo aquí no funciona.

 

Existen otra tendencia de pensamiento que defienden que las empresas privadas, administradas por individuos que contratan trabajo asalariado de forma permanente, deben predominar, porque de esta forma se alcanza los mayores grados de eficiencia económica. Consideran imprescindible que no se pongan trabas a que los administradores maximicen sus beneficios personales, puesto se asume que los intereses individuales son irreconciliables con los de carácter social.

Aunque parezca casi imposible, en nuestra sociedad existen tendencias económicas al puro “liberalismo burgués“. Sí predomina este pensamiento no importa que la Ley limite la participación extranjera a un máximo del 49%, el capital foráneo encontrará mecanismos para controlar el total de las actividades de las empresas. No es la primera vez que ocurre.

Otra posición considera que las empresas no estatales no son necesariamente capitalistas pues existen otras alternativas entre las privadas capitalistas y las estatales. Para esta posición, cualquier forma empresarial, puede contribuir a la construcción socialista, en la medida en que su gestión sea democrática y responda a intereses sociales expresados en planes de desarrollo local y/o nacional. En algunos casos, es más efectivo socializar la actividad económica a través de formas no estatales gestionadas democráticamente y guiadas por intereses sociales.

Decisores con este enfoque buscarán mecanismos para dirigir las inversiones hacía donde sea más beneficioso para la sociedad. No tendrán ningún prejuicio contra ninguna forma de gestión. Dejarán que las dinámicas socioeconómicas se desenvuelvan según las leyes económicas.

Aunque en los discursos oficiales parece reconocerse que es necesario adoptar un sistema económico con múltiples formas empresariales. El nuevo contexto va a estar regulado por las leyes del mercado, donde los “débiles“ desaparecerán o serán absorbidos por los más fuertes“. A la lógica del mercado no le interesa que tipo de propiedad sea la que esté gestionando la empresa, sino que sea eficiente.

Si nuestros dirigentes no son capaces de buscar un equilibrio en este nuevo escenario, la nueva Ley no será capaz de atraer las inversiones que permitan acelerar el crecimiento económico, convirtiéndose en letra muerta. Por otro lado, también muy negativo, a Cuba le puede ocurrir lo mismo que a los países de América Latina en la década de los 80 del siglo XX, donde privatizaron hasta los cementerios, a precio de tienda de remate. Los cubanos estamos esperando que el nuevo modelo económico sea el que nos guie por el camino del desarrollo tan deseado, un nuevo fracaso en este intento sería irreversible para el proceso revolucionario.