La concentración de los medios y la representación de Cuba

Salim Lamrani

 

En Francia la gran prensa, sea de derecha, de izquierda, o incluso comunista como es el caso del periódico l’Humanité, es propiedad de los grandes grupos económicos y financieros. Dos multinacionales –los grupos Dassault y Lagardère– cuya principal actividad es la venta internacional de armas y cuyo comercio es la guerra, controlan el mundo de la prensa y de la edición. El grupo Dassault posee más de 70 periódicos y el grupo Lagardère cerca de cincuenta.

 

¿Por qué el gran capital económico y financiero invierte en el sector de la prensa escrita que es estructuralmente deficitario? Económicamente es absurdo, pero ideológicamente primordial. El objetivo de esos inversores ya no es generar ganancias, sino reducir el marco del debate permitido, el cual sólo acepta el pensamiento convencional.

 

Las elites mundiales, gracias al control que ejercen sobre las transnacionales de la información, imponen a la humanidad una visión de la realidad regida por determinado marco ideológico. Las barreras doctrinales se destinan a descartar cualquier pensamiento alternativo que pueda poner en tela de juicio el orden global actual. Así, el papel de los medios ya no es brindar una información objetiva a los ciudadanos, sino defender el orden establecido mediante la desinformación y la censura.

 

Tomemos el ejemplo de las sanciones económicas contra Cuba para ilustrar esta realidad.

 

Como subraya el profesor Paul Estrade, la prensa menciona, a veces, la existencia de un “embargo” en sus comentarios sobre las dificultades que sufre el pueblo cubano. Siempre del mismo modo: lo más brevemente posible. No puede negar su existencia, pero en sus análisis actúa como si el embargo no existiese. Así, no es necesario para esa prensa recordar los orígenes, sus motivaciones cambiantes, su carácter ilegal, sus modalidades perversas, su duración insoportable, sus efectos deplorables.

 

Desde 1960 Estados Unidos impone sanciones económicas unilaterales a Cuba, las cuales afectan a todos los sectores de la sociedad así como a todas las categorías de la población. Son totales desde el 3 de febrero de 1962 tras la decisión del presidente John F. Kennedy de aislar completamente a la isla. Esta red de sanciones no tiene equivalente por su duración, densidad y sofisticación. Es a la vez retroactiva –se aplica a hechos que ocurrieron antes de la aprobación de la legislación– y extraterritorial, se extiende a otras naciones y entra entonces en conflicto con las normas del derecho internacional.

 

Las sanciones se establecieron en plena Guerra Fría con el objetivo de derrocar al gobierno revolucionario liderado por Fidel Castro y siguen vigentes más de medio siglo después.

 

El triunfo de la Revolución Cubana en 1959 y la llegada al poder de Fidel Castro suscitaron la inmediata hostilidad por parte de Estados Unidos, cuyo fiel aliado, el dictador Fulgencio Batista, acababa de ser derrocado. La administración de Eisenhower había hecho todo lo posible para mantener al autor del golpe de Estado del 10 de marzo a la cabeza de la nación e impedir que los revolucionarios tomaran el poder. El 23 de diciembre de 1958, a pocos días de la huida del general Batista, el Consejo de Seguridad Nacional, que constató el ineludible progreso de la ofensiva de los insurrectos de la Sierra Maestra sobre La Habana , había proyectado, a través de las palabras del presidente Dwight D. Eisenhower, “una acción militar que podría ser necesaria en Cuba”. Allen Dulles, director de la CIA , precisó el objetivo: “Tenemos que impedir la victoria de Castro”. Pero era demasiado tarde.

 

Las primeras medidas económicas y sociales del gobierno revolucionario no fueron del agrado de Washington. En efecto, el dominio de las multinacionales estadounidenses sobre todos los sectores de la economía cubana era tal que resultaba imposible emprender cualquier política de reforma sin afectar a sus intereses. No obstante, como recordaría Ernesto Che Guevara, salvo la reforma agraria, todas las medidas económicas y sociales de envergadura que tomó el gobierno revolucionario sólo constituían respuestas a la agresión estadounidense.

 

La reforma agraria del 17 de mayo de 1959 se basaba en los fundamentos jurídicos de la Constitución de 1940. En efecto, el Artículo 24 autorizaba la expropiación por razones de utilidad pública, con una indemnización, y el Artículo 90 prohibía los latifundios y limitaba sustancialmente la concentración de tierras.

 

Estados Unidos no era el único país afectado por las nacionalizaciones. La mayor parte de las naciones europeas también tenían intereses en Cuba. Dichas nacionalizaciones se realizaron conforme al derecho internacional, que estipula que todo Estado soberano dispone del derecho a nacionalizar las empresas presentes en su territorio nacional a cambio de una indemnización. Los importes de las compensaciones se fijaron a partir de las últimas declaraciones fiscales de las empresas las cuales, por razones obvias, a menudo eran inferiores al valor real de los bienes.

 

Todas las naciones afectadas por el proceso de expropiación negociaron con el gobierno cubano y aceptaron los acuerdos globales de compensación, con la excepción de Estados Unidos.

 

El 17 de marzo de 1960, un mes antes de la reanudación de las relaciones entre La Habana y Moscú, la administración de Eisenhower tomó la decisión formal de derrocar al gobierno cubano. La nueva política exterior estadounidense se basaría en varios pilares: la cancelación de la cuota azucarera cubana, la ruptura de los suministros de combustibles tales como el petróleo, el mantenimiento del embargo sobre las armas impuesto en marzo de 1958, y la elaboración de una campaña de terrorismo y sabotaje así como la organización de una fuerza paramilitar destinada a invadir la isla y derrocar a Fidel Castro.

 

El 5 de julio de 1960, Washington impuso las primeras medidas coercitivas y Eisenhower canceló la cuota de exportaciones de azúcar cubano.

 

En 1961, Washington rompió sus relaciones con La Habana. En 1962 el presidente Kennedy decretó un embargo total sobre Cuba, incluyendo las medicinas y los productos alimenticios, violando el derecho internacional.

 

Durante treinta años, la retórica diplomática estadounidense estigmatizó la alianza entre La Habana y Moscú para justificar el estado de sitio económico impuesto a la Isla del Caribe. En 1992, tras la desintegración de la Unión Soviética , en vez de normalizar las relaciones con el gobierno de Fidel Castro, la administración de George H. W. Bush ratificó la Ley Torricelli , que agrava las sanciones contra Cuba, y demostró así que era imposible explicar el conflicto entre ambas naciones mediante el marco de la Guerra Fría.

 

Así, por ejemplo, a todos los barcos que entran en un puerto cubano se les prohíbe entrar en Estados Unidos durante los 180 días siguientes a la fecha del desembarco, otorgando así, otra vez, un carácter extraterritorial y por consiguiente contrario al derecho internacional, a las sanciones contra Cuba.

 

La Ley Torricelli también prevé sanciones a los países que aportan una asistencia a Cuba. Así, si España concede una ayuda de 100 millones de dólares a Cuba, Estados Unidos disminuye su propia ayuda a la altura de la misma suma.

 

En 1996 se aprobó la Ley Helms-Burton , una aberración jurídica por su carácter extraterritorial y retroactivo. Así, el Título III, y más precisamente el artículo 302, permite que los tribunales estadounidenses persigan a las empresas extranjeras que se instalen en las propiedades nacionalizadas que pertenecían a personas que, en el momento de la estatización, disponían de la nacionalidad cubana. En efecto, sólo adquirieron la ciudadanía estadounidense después del proceso de expropiación y su exilio a Estados Unidos. No obstante, el derecho estadounidense es claro al respecto: las demandas judiciales sólo son posibles si la persona afectada por un proceso de nacionalizaciones es ciudadana estadounidense durante la expropiación y que ésta se haya desarrollado violando el derecho internacional. Ahora bien, ninguna de estas dos condiciones se cumplió.

 

En 2004, la administración de Bush aprobó el primer informe de la Comisión de Asistencia para una Cuba Libre. Así, entre 2004 y 2009, los cubanos que vivían en Estados Unidos no tenían derecho a visitar a sus familiares más de catorce días cada tres años. Cuestionado sobre el carácter cruel de estas medidas que dividen a las familias, Daniel W. Fisk, subsecretario de Estado para los Asuntos Interamericanos, dijo a guisa de respuesta: “Cada individuo puede decidir el momento en el que quiere viajar una vez cada tres años y le toca a él tomar la decisión. Entonces, si tiene un miembro de su familia que se está muriendo, le toca a él elegir el buen momento para viajar”.

 

En 2006 la Comisión de Asistencia para una Cuba Libre publicó un segundo plan, complementario del de 2004. El nuevo plan prevé aplicar los títulos III y IV de la ley Helms-Burton a algunos países. Washington incluso ha designado su blanco prioritario: Venezuela y su presidente Hugo Chávez, primer socio comercial de Cuba, mencionado quince veces en el informe.

 

Una cifra para ilustrar la obsesión de EE.UU. contra Cuba: Tras las solicitudes de Max Baucus, senador del Montana, el Departamento del Tesoro admitió haber realizado, desde 1990, sólo 93 investigaciones relacionadas con el terrorismo internacional. En el mismo tiempo efectuó otras 10.683 “para impedir que los estadounidenses ejerzan su derecho de viajar a Cuba”. Luego de las 93 investigaciones sobre el terrorismo, el Departamento del Tesoro impuso un total de 9.425 dólares de multa a los inculpados. En cambio demandó un total de 8 millones de dólares a los turistas estadounidenses que habían visitado la Isla.

 

Desde el 30 de septiembre de 2004 y la aplicación estricta de las Reglas de Control de los Bienes Cubanos de la OFAC, si un fabricante de automóviles japonés quisiera comercializar sus productos en el mercado estadounidense debería demostrar al Departamento del Tesoro que sus carros no contienen un gramo de níquel cubano. Del mismo modo, un chef francés que deseara invertir en el primer mercado económico mundial debería demostrar a esa misma entidad que su producción no contiene un gramo de azúcar cubano.

 

A veces la aplicación de esas sanciones toma un giro menos racional. Así, todo turista estadounidense que consumiera un cigarro cubano o un vaso de ron Havana Club durante un viaje al extranjero se arriesgaría también a una multa de un millón de dólares y diez años de prisión. Otro ejemplo: un cubano que resida en Francia no puede, en teoría, comerse una hamburguesa en McDonald’s.

 

La retórica diplomática para justificar la hostilidad de Estados Unidos hacia Cuba cambió según las épocas. En un primer tiempo, las nacionalizaciones y sus indemnizaciones constituyeron la manzana de la discordia. Luego fue la alianza con la Unión Soviética la que se convirtió en el principal obstáculo para la normalización de las relaciones entre ambos países. Después, en los años 1970 y 1980, fue la intervención cubana en África, en Angola y en Namibia, más precisamente para ayudar a los movimientos de liberación nacional a conseguir su independencia y para luchar contra el apartheid en Sudáfrica, la que suscitó la ira de Washington. Finalmente, desde el desmoronamiento de la Unión Soviética, Washington esgrime el argumento de los derechos humanos y de la democracia para mantener el estrangulamiento económico de la nación cubana.

 

En realidad, para entender el verdadero objetivo de Washington en sus relaciones con Cuba, resulta necesario remontarse al siglo XIX y prestar atención a las advertencias de José Martí, quien había denunciado “el Norte revuelto y brutal que nos desprecia” que anhelaba anexar la isla del Caribe.

 

El estado de sitio económico del cual es víctima el pueblo cubano recuerda que Estados Unidos –que aplica así medidas de guerra en tiempos de paz contra una nación que jamás ha representado una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos– no ha renunciado a su vieja aspiración neocolonial de integrar a Cuba en su Unión. Washington se niega a admitir la realidad de una nación latinoamericana definitivamente emancipada de su tutela y no acepta el hecho de que la soberanía nacional en Cuba constituye el patrimonio único y exclusivo del pueblo cubano. Las sanciones económicas demuestran también que la lucha por la autodeterminación, iniciada en 1868 por Carlos Manuel de Céspedes, Padre de la Patria, es una batalla cotidiana inacabada. Martí, a la vez visionario y hombre de su tiempo, lo había dicho: « La libertad cuesta muy cara y es necesario o resignarse a vivir sin ella, o decidirse a comprarla por su precio”.