El 11-J y las reformas

Como caudaloso surtidor de prohibiciones eliminadas y realización de reformas pendientes puede catalogarse la jornada de protestas populares del 11-J. Aunque las diversas consignas que se lanzaron aquel día expresaban pocos contenidos económicos concretos, la magnitud del estallido social parece haber influido más sobre la voluntad de los grandes decisores del país en el último mes, que los cientos de libros, artículos, cartas, posts y documentos —oficiales o no—, escritos, publicados y debatidos en la última década.

-I-

La postura oficial del Partido/Estado/Gobierno es que lo ocurrido el 11-J fue resultado de un plan larga y minuciosamente implementado por una red de mercenarios financiados por el Imperio y apoyados por el poder mediático trasnacional, que movilizó a miles de incautos y delincuentes. Los hechos niegan tozudamente esta versión. Los lemas de «Libertad», «Tenemos hambre», y «Patria y Vida», que se repitieron en varias localidades, para nada equivalen a solicitar una intervención extranjera, exterminar a los comunistas y sus simpatizantes y, ni siquiera, a destruir el socialismo, como reiteran falazmente los medios oficiales.

Precisamente la falta de demandas políticas específicas de los manifestantes y la extensión de sus protestas por medio centenar de ciudades y poblados, vía redes sociales, en un país donde pululan los informantes del gobierno, evidencian el carácter espontáneo e inesperado de lo ocurrido y la falsedad de las truculentas teorías conspirativas echadas a rodar desde el Poder. Necesidades materiales y espirituales largamente insatisfechas, incremento sustancial de los fallecidos y contagiados por la pandemia, desidia e inmovilismo burocrático ante los males de la gente de a pie, tenían que explotar de una vez y lo hicieron, tal y como muchos habíamos pronosticado dentro y fuera de Cuba.

Mientras desde el discurso mediático siguen atribuyendo la culpa del 11-J a la CIA, USAID, NED, y otros poderes imperiales; los que saben han comenzado a tomar medidas para sacar vapor a la caldera social y evitar otra explosión, de igual o mayores proporciones. No les queda otra salida, en momentos en que el antiguo expediente de abrir las puertas a la emigración masiva hacia los Estados Unidos en etapas de tensión social (Camarioca, 1965; Mariel, 1980; Crisis de los balseros, 1994) ha quedado totalmente excluido.

Tanto los acuerdos migratorios vigentes, como las terminantes declaraciones al respecto hechas por altos representantes del gobierno de aquel país y de Cuba, esclarecen que no habrá intervención militar yanqui, ni apertura de fronteras a emigrantes ilegales. Somos los cubanos, en primer lugar los que vivimos en la Isla, los responsables de resolver este entuerto. Todas las declaraciones hechas por gobiernos extranjeros y organizaciones internacionales coinciden en ese punto.  

-II-

Puestos a la tarea con urgencia, los decisores cubanos han reaccionado con prontitud. Lo más inmediato fue mitigar la crisis alimentaria de los humildes,  enajenados del mercado en USD, los más numerosos y beligerantes de los protestantes. De ahí las medidas encaminadas a aumentar la cuota familiar de varios productos por la vía de las donaciones, ventas controladas y la libreta de abastecimientos. A partir de agosto fueron añadidas a esta última, cantidades adicionales de arroz, pastas y huevos.

En cuanto a las reformas en sí, ya en junio el Gobierno había aprobado medidas para seguir perfeccionando —léase empoderando y/o liberando— a la empresa estatal socialista, fortalecer y consolidar las cooperativas agropecuarias (CPA), autorizar sus pares no agropecuarias (CNA) y las añoradas mpymes. Pero siempre existían suspicacias ante la reiterada postergación de normas legales que viabilicen la aplicación de las reformas, como ocurrió anteriormente con la pretendida y nunca consumada reunificación monetaria, que ha demorado la friolera de una década y aún está pendiente al extenderse la dolarización plástica.

La conmoción del 11-J, sin embargo, aceleró bruscamente la respuesta del gobierno a medidas largamente solicitadas por la población y fundamentadas por especialistas. Fruto de este esfuerzo ha sido ¡por fin! la aprobación de los decretos-leyes sobre CNA, TCP y mpymes, aunque aún no han salido en la Gaceta Oficial. Esperados infructuosamente como parte de la preparación de condiciones que debieron ser previas a la «Tarea Ordenamiento», son transformaciones bienvenidas para impulsar los emprendimientos, la ocupación de calidad y la competencia intersectorial en nuestra deprimida economía.

Asimismo, se anunció la eliminación —temporal y/o definitiva— de añejas prohibiciones. Entre ellas, la exención de impuestos aduaneros a las importaciones de insumos y materias primas por privados y cooperativos;  autorización a entidades estatales para arrendar vehículos subutilizados a otras personas jurídicas; realización privada de ventas de garaje sin licencia comercial; e importación por personas naturales, sin fines comerciales, de sistemas fotovoltaicos y otros equipos a partir de energías renovables.

Mención especial merece la decisión, tan añorada en tiempos de pandemia, crisis industrial y reducción de importaciones, de «autorizar excepcionalmente y con carácter temporal la importación vía pasajero con equipaje acompañante de alimento, aseo y medicamentos». En particular, esta medida favorecerá la satisfacción de necesidades vitales a un sector del sufrido pueblo de Cuba que se beneficia de la labor de grupos de amigos y organizaciones sin fines de lucro que han estado colaborando desde el exterior con el Estado y las familias cubanas en condiciones particularmente difíciles y costosas para hacer llegar las ayudas. A ellos en especial vaya un reconocimiento.

Para el mecanismo económico cubano, lo más significativo parecen ser dos medidas favorecedoras del incremento de la oferta agroalimentaria. La primera es la eliminación de los topes de precios, tan defendidos por sus promotores al inicio de la Tarea Ordenamiento y ahora descartados sin mucha explicación. La segunda es el fin del monopolio de la empresa estatal Acopio sobre la comercialización de la producción agropecuaria, tras casi sesenta años de probadas ineficiencia e ineficacia.

Está por ver cuándo esta decisión se complementará con la reducción significativa del encargo estatal a los productores, rubro que sigue acaparando la parte fundamental de  la producción de empresas, cooperativas y campesinos. Aun así, es un significativo paso de avance en la liberalización de las fuerzas productivas agropecuarias.

Confieso que tras ocho años de escribir sobre asuntos cubanos nunca había podido referirme a tantos cambios y reformas en menos de un mes. Como creo más en las causalidades que en las casualidades, no puedo dejar de conectar estos paliativos y reformas pendientes que nos han llegado, una tras otra, con la conmoción suscitada por lo ocurrido el 11-J y días subsiguientes.

Es de reconocer que, una vez más en la historia, el sacrificio del pueblo y el clamor de su protesta han estremecido y obligado a echar a andar al aparato burocrático estatal, anquilosado e inmovilista. Espero que este ritmo reformador se consolide como tendencia hasta lograr los niveles de empoderamiento popular, descentralización, participación y liberalización económica, social y política que merece el heroico pueblo cubano; o más temprano que tarde vendrán otros 11-J.